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For more than a decade it has been debated whether access to the Internet should be recognized as a Human Right in itself or if it is simply a vehicle to pursue other rights, including freedom of expression, access to information and social life in general. Beyond theoretical debate, it is evident that COVID-19 pandemic deepened an almost absolute dependence on connectivity in people’s daily lives, making it imperative to guarantee universal access, with special emphasis on formal education and multiple areas of the world of work.
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Desde hace más de una década se discute si el acceso a Internet debe ser reconocido como un Derecho Humano en sí mismo o si es simplemente un vehículo para ejercer otros derechos entre los que se encuentran la libertad de expresión, el acceso a la información y la vida social en general. Más allá del debate teórico, es evidente que la pandemia de COVID-19 profundizó una dependencia casi absoluta de la conectividad en la vida cotidiana de las personas, por lo que resulta imperioso garantizar el acceso universal, con especial énfasis en la educación formal y en múltiples áreas del mundo del trabajo.
Elegir dentro del abanico de modelos regulatorios no parece ser el debate más interesante ni el más necesario cuando las recetas que deben seguirse dependen del contexto de cada país, especialmente por la razón de que pueden obtenerse resultados positivos por diversas vías. Lo que funciona en un país puede no funcionar en otro de la misma manera.
Hay un consenso global sobre la necesidad del acceso universal y asequible. Traducido al contexto actual: despliegues de infraestructura de fibra óptica a los hogares (FTTH) y cobertura móvil (hoy 4G) en todo el territorio de cada país.
Por su parte, esa asequibilidad debe poder sostenerse en el tiempo en un sector dinámico, que demanda inversiones intensivas en capital y en el que muchos insumos deben ser importados por los países de la región. Además, es importante tener en cuenta que los plazos de repago de las inversiones principales trascienden en cualquier escenario a una generación. Independientemente de si las inversiones que se realicen sean públicas o privadas, deben tener retorno y ser sustentables.
La región de América Latina y el Caribe ha desplegado a lo largo de la última década numerosos planes para promover el acceso a internet en los hogares, principalmente en aquellas zonas no cubiertas por el mercado, por tratarse de áreas de difícil acceso o de escasa o nula rentabilidad. A nivel regional se observa una tendencia común, en la que dicho despliegue se realiza con inversiones públicas provenientes en su mayor parte de los Fondos de Servicio Universal (FSU).
El diagnóstico previo respecto de la demanda de inversión no resulta del todo efectivo al analizar los efectos, ya sea para determinar la necesidad de aunar esfuerzos entre diferentes agentes del sector público con el sector privado, ya sea para el despliegue de redes o para determinar sobre qué colectivos o regiones debe centrarse la inversión.
Los fondos de servicio universal son una suerte de tesoros públicos, nutridos de impuestos específicos a los servicios de telecomunicaciones, que se han mantenido reservados en los diferentes países para momentos especiales. En este contexto, los mismos ofrecen una oportunidad valiosa para solucionar determinadas brechas de conectividad de muchos ciudadanos, ya sea porque son habitantes de zonas de difícil acceso o porque su capacidad económica no les permite acceder a servicios de primer nivel. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF se ha encargado de documentar tanto el estado de la digitalización en la región como las oportunidades.
Respecto de la implementación histórica de estos fondos, debe tenerse en cuenta que han sido objeto de numerosos debates en los últimos tiempos, ya que en algunos casos estos fondos fueron aplicados para desarrollar infraestructura donde ya existía la disponibilidad -produciéndose desdoblamientos de esfuerzos que no solucionaron los temas de fondo para los que fueron creados-, complicando la efectiva inversión del Estado, sobre todo en lo que refiere a la última milla.
El empresario Gonzalo Berra expresa de manera elocuente los problemas de la falta de coordinación y precisión en la aplicación de políticas: “Tener fibras de cuatro empresas distintas en un edificio equivale a que las empresas de ómnibus de transporte de pasajeros compitan pavimentando una ruta cada una”.
Si es posible asumir que el sector privado -que incluye empresas de telecomunicaciones, pymes y cooperativas- conoce a grandes rasgos su demanda y las condiciones en las que puede brindar conectividad a determinadas zonas o colectivos, la situación del sector público es diferente.
Los Estados de la región no poseen el mismo nivel de información autónoma de calidad sobre las necesidades de acceso a Internet. Es esperable que esta falta de precisión en la información genere que iniciativas loables no vean florecer sus frutos por falta de diagnóstico y diálogo previo.
En un contexto de retracción económica mundial y ante el peso clave de la digitalización de nuestras sociedades, los valiosos planes públicos de acceso universal podrían beneficiarse de mejor información.
Aplicar las inversiones que se destinen al cierre de la brecha digital de una manera más precisa debería ser un objetivo central.. Si bien el sector privado avanza en sus cronogramas de inversiones de acuerdo a los esquemas de repago, con mayor o menor velocidad según incentivos del ecosistema, los mismos no parecen suficientes para satisfacer en todos los casos la totalidad de las necesidades de la población.
Los fondos del Servicio Universal pueden resultar de gran utilidad para financiar la ejecución de proyectos en zonas no servidas, siempre que las inversiones se apliquen de manera precisa y se utilicen diagnósticos de demanda y detección de necesidades con rigor metodológico.
Por todo lo mencionado, existe una oportunidad para la detección de prioridades y necesidades periódicas de inversión en infraestructura. La misma debe estar orientada por criterios que incrementen la rigurosidad y la comprensión general de la demanda de servicios.
En ese contexto, los Estados podrían incorporar datos del sector público, integrarlos con aquellos que provee el sector privado y producir otros autónomamente, lo que otorgaría una valiosa información para guiar inversiones estratégicas.
The central pieces of the digital strategy of the European Union.