Connectivity: the silver bullet for rural development and sustainability

One of the fundamental axes of discussion at a global level is the need to guarantee a balanced territorial settlement, in which the massive movement of population from the rural areas to the city that occurred in the past century not only stops but is reversed, at least in part, in order to stabilize the migratory flow and generate opportunities that guarantee, a better quality of life.

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Uno de los ejes fundamentales de discusión a nivel global es la necesidad de garantizar un asentamiento territorial equilibrado, en el cual el movimiento masivo de población del campo a la ciudad que se dio en el pasado siglo no solo se detenga sino que se logre revertir, al menos en parte, para así estabilizar el flujo migratorio y generar oportunidades que garanticen, en mayor parte, una calidad de vida razonable.

 

Conseguir este objetivo pasa, sin duda, por lograr cerrar la brecha de conectividad que afecta a las poblaciones rurales, un eje fundamental para lograr la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano, social y productivo en el campo.

 

La pandemia de COVID-19 aceleró nuevas concepciones y desterró mitos sobre la posibilidad de trabajar en remoto. Un proceso que quizás nos habría llevado años, lo hemos tenido que desarrollar a la fuerza en semanas. El hecho de que en determinadas profesiones se vuelva cada vez más irrelevante la presencialidad física del trabajador abre oportunidades a que éste pueda optar por localizaciones fuera de la gran urbe, evidentemente supeditadas a la disponibilidad de Internet. Esto supone una veta de oportunidad para muchas poblaciones de no solo evitar la sangría poblacional sino de equilibrarla.

 

Al mismo tiempo, para la población existente supone un eje fundamental para mantener una actividad competitiva y mejorar la igualdad de oportunidades. Las distintas poblaciones rurales llevan pujando hace años porque se les garantice un acceso de calidad no solo ya a la telefonía móvil, sino sobre todo a servicios de banda ancha que garanticen una cobertura adecuada en todo el territorio. Sin esa garantía, no hay oportunidad alguna que tenga la capacidad de desarrollarse con éxito en el tiempo.

 

La equidad de políticas entre el campo y la ciudad pasa hoy, más que nunca, por un rol activo de los poderes públicos que promuevan la igualdad de oportunidades y de realización de las personas que viven en las zonas rurales.

 

Si bien se avanzó bastante, el déficit de conectividad en las zonas rurales de América Latina sigue siendo muy importante. Es una generalidad la existencia de zonas en las cuales el acceso a internet u otras redes de comunicaciones sigue siendo una quimera. Un reciente estudio del IICA y del BID determinó que el 63% de la población rural sigue sin tener acceso a Internet, lo que supone que alrededor de 77 millones de ciudadanos no puedan acceder a un servicio de conexión de calidad, en contraste con el 71% de la población en ciudades que sí accede al servicio. En países como Argentina, por ejemplo, dicha cifra alcanza al 65% de la población.

 

Esto tiene sus repercusiones en muchos aspectos, pero sobre todo el de la falta de oportunidades desde edades tempranas. Según refleja ese mismo estudio, tan solo el 15% de las escuelas rurales de América Latina tiene conexión a Internet de calidad, frente al 33% de media, lo que ya de por sí significa la mitad de la media de los países de la OCDE.

 

Se hace por tanto una obligación moral y un imperativo ético cambiar las dinámicas actuales y subrayar la necesidad de revertir esta situación. La pandemia nos ha señalado más que nunca la necesidad indispensable de contar con una conexión de calidad, ya que los efectos de la misma tuvieron mayor repercusión precisamente en aquellas capas que no acceden a la red que, o bien se han visto imposibilitadas de realizar sus actividades laborales con el perjuicio económico y social que eso supone o, por el contrario, no les quedó otra que salir de sus hogares a garantizarse un jornal y su supervivencia diaria, con la mayor exposición al virus que ello conllevaba.

 

Es fundamental plantearse también si los Estados están realizando diagnósticos de demanda adecuados, si poseen la información necesaria para que esos fondos lleguen a ser correctamente invertidos y si existe coordinación entre administraciones y fluye la información y el diálogo con pequeños y grandes proveedores. 

 

El necesario cambio de dinámica para determinados sectores pasa por un replanteo y un análisis de las actuales políticas y planes de conectividad, así como de los compromisos que asumen las partes. Existe a día de hoy un amplio debate abierto sobre si los fondos de acceso universal están  cumpliendo efectivamente con los propósitos para los que fueron creados o, por el contrario, se necesita discutir el destino y, sobre todo, debatir en torno a la ejecución de los mismos, con el objetivo planteado de que lleguen efectivamente a lugares que realmente los necesitan. 

 

Ciertos actores apuestan a que los Estados generen políticas de incentivos para la colaboración conjunta entre los distintos operadores (independientemente de su tamaño) o se den estímulos para el establecimiento de pequeños operadores rurales, todo ello con el objetivo de la promoción de la conectividad rural. Existen ya varios ejemplos de este estilo en la región, en los cuales la legislación se pone al servicio de la conectividad. 

 

Por otro lado, existe cada vez más un notable reclamo de la promoción de vías alternativas de conectividad, mediante la promoción y el apoyo a la creación de pequeñas cooperativas o el establecimiento de redes comunitarias, un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años y que se ha desarrollado preferentemente en zonas rurales y de difícil acceso. La difícil canalización de las ayudas o el acceso en condiciones de asequibilidad y calidad a recursos escasos (como el espectro) son unas de las principales demandas de estos actores. 

 

La apuesta por complementar ambas reclamaciones y que se puedan apalancar esfuerzos puede derivar en experiencias de desarrollo muy interesantes para estas zonas.

 

Existe un consenso generalizado entre las grandes empresas del sector, de que se sigue manteniendo una lógica regulatoria poco proporcional, que no genera incentivos para el despliegue de redes rurales, no ya sólo desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista burocrático, con unas trabas tremendas, sobre todo a nivel municipal y desde el punto de vista obligatorio. Estos actores resaltan de que no se pueden mantener las mismas obligaciones de servicio al campo que a la ciudad bajo el paradigma del derecho a la igualdad de trato y que esto, ni mucho menos ha dado resultado.

 

Una modificación de este estilo no significa relegar a las zonas rurales o que las mismas dispongan de servicios de mala calidad, pero establecer criterios imposibles de cumplir bajo amenaza de sanción señalan que no es la solución. Indican como sugerencia que experiencias como los sandboxes regulatorios suelen ser buenas oportunidades para establecer regulaciones óptimas futuras.

 

Para este sector, hay dos cuestiones a superar. Una de ellas la que se refiere a que las limitaciones al despliegue de determinadas tecnologías redundan en un ralentizamiento de la adopción y despliegue de servicios. Por ello, resultaría preciso avanzar hacia criterios de neutralidad tecnológica en la cual lo que regulemos sea el servicio y no el modo en que éste se proporciona. Esta cuestión que parece baladí en muchos países puesto que ya han superado esta etapa, sigue estando a la orden del día en muchos otros predeterminando en su opinión el quehacer de los proveedores de servicio y limitando sus despliegues. Indican además que el apoyo al despliegue de tecnologías de red de acceso de radio abierta (Open Ran) puede ser fundamental para la cobertura en zonas rurales o con poca densidad de población, puesto que al tratarse de un ecosistema abierto permite personalizar mejor la red e incluso otorgarle mayor dinamismo y servicios diferenciales.

 

La otra cuestión, un tema tabú puesto que suele recibir críticas generalizadas, se refiere al reparto de espectro donde muchos de los señalamientos realizados a la actual política que rige en torno a este tema es entre otros su carácter sumamente proteccionista, donde no se dispone las cantidades suficientes y, las licencias que se dan son a cambio de precios inasumibles para pequeños proveedores o suponen un endeudamiento notable, en un contexto de recesión económica como el que estamos atravesando. 

 

Esta situación desencadena una falta generalizada de acceso suficiente, lo que merma la capacidad de provisión de servicios y los encarece. A la larga, terminan afectados principalmente los núcleos poblacionales menos rentables o aquellos en los cuales actúan predominantemente cooperativas o pequeños proveedores de Internet. Hace falta, más que nunca, una mesa de diálogo donde se “aggiornen” las políticas de espectro a nivel regional y que se conciba como un bien indispensable, con especial foco en los problemas de acceso rural.

 

Los promotores de vías alternativas de conectividad señalan la necesidad de adecuar las políticas regulatorias de cara a que se visibilicen otras formas complementarias de conectividad que en muchos de los casos prestan servicios fundamentales en lugares donde no existe interés comercial y en unas condiciones de extrema dificultad para su sostenibilidad. La reivindicación de su existencia, la promoción de garantías para su viabilidad y sostén pasan en su opinión por garantizar su acceso en condiciones asequibles a recursos escasos, de interconexión, provisión, etcétera.

 

Estimamos que se puede avanzar en el desarrollo de conectividad rural con una combinación armónica de políticas públicas de consenso con la intervención de todos los actores. La inversión es cuantiosa y los recursos escasos. Es imperioso, por tanto, generar nuevos mecanismos que promuevan el despliegue y una nueva saga de regulaciones aggiornadas que los acompañen.

Logradas esas inversiones y lograda la conectividad, en paralelo se debe ya trabajar en políticas que den utilidad a esa conectividad, sobre todo en poblaciones rurales. La capacitación en actividades relativas a la producción agrícola y ganadera y cómo acceder a los canales de distribución resulta de especial importancia. Existen claros ejemplos de mejora en la inclusión de jóvenes y mujeres a los procesos de producción, de acceso a fuentes de información que ayuden a que las transacciones se realicen con una mayor transparencia, entre otras virtudes. 

 

La conectividad, debe resultar por tanto un eje transversal de las políticas públicas que se desarrollan para el mundo rural. Esto es así, pues para muchas de las carencias a solucionar, no sólo se necesita disponer de internet, sino que su asentamiento e igualdad de oportunidades pase porque estos servicios vengan atados a otros, todavía más básicos, como educación o sanidad. Sin duda Internet es un vector fundamental para que el resto de servicios fluya, pero no es el único.

 

Internet, por tanto, es la última bala para evitar la migración del campo a las ciudades y asegurar el asentamiento poblacional en zonas rurales. Una bala de plata que, bien empleada, no solo debe evitar la migración desde las zonas rurales hacia las urbes, sino revertirla, a fin de generar marcos más sostenibles y de mayores y mejores oportunidades para todos.